El Congreso activó el proceso de inhabilitación contra Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez, Delia Espinoza y Zoraida Ávalos, basándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que mantiene vigente la Ley 32130. La denuncia fue impulsada inicialmente por Fernando Rospigliosi y Jorge Azurín; la primera etapa fue dirigida por Esdras Medina, y luego asumida por Jorge Montoya.
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