Crecen narcotráfico y denuncias de corrupción en área de conservación en Ucayali
Los sembríos ilegales de hoja de coca avanzan en el territorio del Área de Conservación Regional Imiría, que depende del Gobierno Regional de Ucayali. En tanto, las disputas internas y las denuncias por presuntos malos manejos de fondos ponen en riesgo el proyecto y carcome la confianza de los pueblos indígenas.
En medio de la calentura electoral nacional y de la disputa por el pase a la segunda vuelta, una situación peligrosa está ocurriendo en la región Ucayali. Concretamente, en el Área de Conservación Regional (ACR) Imiría, un área protegida que tiene una extensión de 135,737.520 hectáreas, ubicada en el distrito de Masisea, provincia de Coronel Portillo.
De forma amenazante y con total impunidad, los sembríos de hoja de coca para el narcotráfico avanzan amenazantes en el territorio del área de conservación, pese a que, por ley, es una zona que el Estado peruano debe proteger.
Las fotografías que mostramos a continuación son evidencia palpable de esta situación.
Un acta policial de la Policía Antidrogas del 2 de abril de 2025, obtenida por el periodista Néstor Paiva, de Epicentro Tv, es todavía más alarmante porque muestra que, además de plantaciones de hoja de coca, en Imiría hay laboratorios para la elaboración de droga.
Denuncias por malos manejos
Como si eso fuera poco, hay denuncias por un presunto manejo de fondos del ACR.
La historia se remonta a casi quince años atrás, entre 2019 y 2022 se gestó uno de los puntos más críticos de esta historia, denominado Proyecto de Inversión Pública (PIP) de Recuperación de Servicios Ecosistémicos.
El proyecto del ACR Imiría debía ser la piedra angular de la restauración forestal de la región, pero el manejo de sus recursos terminó convertido en un escándalo judicial y en auditorías a cargo de la Contraloría General de la República, que ha detectado posibles contrataciones fantasma y malversación de fondos.
Su crisis no es solo un estallido de descontento social o una pugna entre dirigencias indígenas. Es, fundamentalmente, el resultado de una gestión pública fallida, marcada por la inacción deliberada y el manejo opaco de recursos destinados a la conservación.
El rastro de esta desidia institucional apunta a las administraciones de la Autoridad Regional Ambiental (ARA), del Gobierno Regional de Ucayali.
Contraloría: Inversiones "fantasma"
El área de conservación Imiría fue establecida en el año 2010, específicamente el 15 de junio, mediante el Decreto Supremo N.º 006-2010-MINAM.. Se ubica sobre parte de los territorios de las comunidades nativas de Junín Pablo, Caimito, Buenos Aires, Nuevo Loreto, Nuevo Egipto, Nueva Yarina, y dos caseríos en su área de influencia.
A su territorio se llega después de tres horas de navegación por el río Ucayali, desde Pucallpa.
Según la Contraloría de la República y expertos consultados como el biólogo Jorge Watanabe, durante la gestión de Noé Guadalupe al frente del ARA, esta entidad contrató personal sin experiencia técnica —en su mayoría, alumnos de la Escuela de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Ucayali (UNU)— que no lograron avances tangibles en el desarrollo del proyecto.
En la mitad del periodo de ejecución, el proyecto fue paralizado por inconsistencias técnicas graves y por falta de evidencias en el gasto económico reportado. Hoy, la Fiscalía investiga los hechos.
Además, hay un dato que alarma: el Gobierno Regional de Ucayali debe 180,500 soles a los reforestadores locales de las comunidades, quienes trabajaron en ello bajo la promesa de un pago.
Si el ACR Imiría tenía una historia de abandono previo, la fe de las comunidades donde se ubica Imiría, entusiasmadas con los beneficios prometidos desde la creación del ACR, se ve nuevamente defraudada.
Dicho abandono parece ser no sólo constante sino que empeora con los años.
Tras un breve periodo de reactivación técnica, entre 2020 y 2022 —con apoyo de la cooperación internacional, USAID y ProPurús, para actualizar el catastro comunal y desarrollar planes de vida— la gestión volvió a estancarse, pese a la existencia de fondos de cooperación.
Bajo la dirección de Grober Panduro en la ARA durante 2023, el ACR entró en un estado de "inacción total", según dijo para este informe el biólogo Jorge Watanabe.
Adán Sánchez, líder de la federación Feconalicm, una de las dos federaciones indígenas de Imiría, dijo en declaraciones para a medio que "todos pensábamos que con lo que dejó Probosques (el proyecto de la cooperación) el impulso estaba dado y se podría al fin darle el bienestar a las comunidades, pero eso no pasó".
Un documento elaborado por el abogado shipibo Romario Chacón, de Junín Pablo, una de las comunidades del Imiría, publicado en 2026 por el Instituto de Defensa Legal (IDL), refleja la opacidad de la gestión del ACR Imiría.
Chacón señala los sucesivos esfuerzos para que el Gobierno Regional de Ucayali, particularmente la Autoridad Regional Ambiental, informe sobre el uso de los fondos de cooperación en la gestión del ACR Imiría.
Las pocas respuestas obtenidas, de acuerdo con la publicación, solo ayudan a aumentar la desconfianza y reforzar el sentimiento de rechazo y exclusión.
Otra vez el abandono
La falta de presencia física y política en el territorio permitió que conflictos latentes, inicialmente generados entre líderes indígenas locales, particularmente de la comunidad de Caimito, escalaran hasta la crisis de gobernabilidad que se enfrenta hoy.
La ausencia de un equipo técnico sólido en campo dejó el terreno libre para que las facciones en disputa y las economías ilegales fueran fortaleciendo su discurso anti ACR y su control del territorio.
La desidia alcanzó su punto máximo en febrero de 2026.
Quienes empezaron a tomar acciones contra la gestión del ACR fueron los miembros de la Organización Indígena y Campesina en Defensa de las Áreas y Recursos Naturales del Lago Imiría y Chauya, liderada por Jeremías Cruz. A su protesta, en la participaban indígenas y personas de los caseríos mestizos, se sumó el Consejo Shipibo Conibo Xetebo, conocido como Coshicox, que preside Lizardo Cauper.
En plena campaña electoral, ellos tomaron el local del ACR ubicado en la comunidad de Junín Pablo, con el apoyo de la Guardia Indígena Shipiba. La participación de Cohicox fue por invitación de Jeremías Cruz.
Ante el rechazo de las comunidades shipibo del Imiría por la protesta, particularmente de la Comunidad Nativa Junín Pablo, la Guardia Indígena Shipiba se retiró, y, según Adán Sánchez de Feconalicm, Lizardo Cauper se disculpó con las organizaciones locales.
Los manifestantes siguieron en el local del ACR que se ubica en Junín Pablo, aun cuando se había acordado que la Autoridad Regional Ambiental visitaría comunidades y caseríos informando sobre el manejo del ACR.
Las protestas se radicalizaron el 25 de febrero, lo que llevó a la ARA a suspender sus actividades operativas en la zona durante cuarenta días. El punto de quiebre fue el 27 de febrero, cuando se registró un enfrentamiento violento entre los pobladores de Junín Pablo y otras comunidades contra los manifestantes de Coshikox, quienes, según versiones de pobladores, estaban respaldados por miembros de caseríos mestizos a los que se les vinculó con actividades ilícitas.
El 2 de marzo, las organizaciones indígenas locales Ordim y Feconalicm emitieron un pronunciamiento conjunto desmintiendo el apoyo de sus bases a las acciones de Coshicox. El 11 de marzo, la gestión de la ARA recibió respaldo con un memorial firmado por varios jefes de comunidades locales.
Finalmente, el 3 de abril se reportaron nuevos incidentes violentos que fueron abordados por la ARA dos días después, en un comunicado de deslinde.
Según el presidente de ORDIM, Melquisedec Arévalo, los incidentes de abril tienen que ver principalmente por las pugnas personales entre líderes shipibos con un largo historial de conflictos, entre los que destaca Jeremías Cruz, que han encontrado en este conflicto una nueva oportunidad de confrontación personal.
Ante las denuncias de violencia en el puesto de control, el Gobierno Regional de Ucayali ha optado por el repliegue en lugar de la intervención. En un comunicado oficial, la ARA ha declarado que no tiene personal operativo en la zona desde el 25 de febrero, deslindando cualquier responsabilidad por los hechos violentos ocurridos el 3 de abril.
Este retiro, que podría constituir una omisión de funciones, ahonda la anomia en un área crítica para la población.
Al dejar el área sin guardaparques ni autoridades, el gobierno regional no solo incumple su mandato de conservación, sino que expone a los pobladores a la violencia de terceros y al avance del narcotráfico que, como recuerda Watanabe, opera en sectores como Unión Vecinal y Doce de Mayo desde hace tres décadas.
Detrás del conflicto
A pesar de las voces que abundan en redes sociales demandando la anulación del proceso de creación del Área de Conservación Regional Imiría, los principales líderes locales y los expertos consultados demandan por el contrario, que el GOREU retome las actividades de protección y manejo del área.
Eso sí -señalan- con una administración libre de corrupción y centrada en el beneficio de la población local. Otra fuerte demanda, en la que coinciden todas las partes, es que se aclare de inmediato el destino de los fondos previamente destinados al ACR.
Tanto Arévalo como Sánchez, de Ordim y Feconalicm, así como Jamer López, de ORAU, la Organización Regional AIDESEP Ucayali, coinciden en que las profundas ineficiencias y la corrupción se han coludido con la desacertada actuación de actores que no viven en Imiría y que han actuado de manera precipitada.
Responsabilizan a Jeremías Cruz de usar los justos reclamos de la población local respecto al manejo del ACR Imiría para movilizar a los caseríos y realizar acciones que al menos Junín Pablo considera lesivas a su soberanía territorial.
Por su parte, la intervención de Coshicox se enmarcó en una protesta en contra de la corrupción flagrante que reina en el manejo del área protegida. En ese sentido, respalda la movilización promovida, según las fuentes consultadas, por Jeremías Cruz.
En resumen, el Imiría no está sufriendo una crisis de recursos naturales, sino una crisis de transparencia administrativa y económica. Mientras los fondos de conservación se pierden en gastos opacos y procesos judiciales, el tejido social de Masisea se desgarra en disputas de dirigencias.
La desidia del GOREU no es negligencia; es la herramienta que permite que la corrupción siga operando en las sombras del bosque y que otros intereses intenten pescar en río revuelto.
Melquisedec Arévalo, de Ordim, ha hecho una afirmación clave: "No estoy en contra de la lucha, lo que no me gusta es que tomen el nombre de las comunidades nativas (para las protestas). Si quieren protestar no tienen que hacerlo en tierras comunales. Queremos que el ACR se maneje bien, porque si lo anulan, lo van a invadir, lo van a parcelar y ahí sí, lo perdemos todo".