Fuero militar: una puerta abierta para la impunidad
El Congreso de la República ha aprobado en primera votación un proyecto de ley que amplía la competencia del fuero militar-policial para investigar y juzgar delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en ejercicio de sus funciones. Aunque se presenta como una medida para fortalecer la función militar y policial, en realidad constituye un grave retroceso para el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.
La experiencia peruana demuestra por qué esta propuesta es tan preocupante. Durante las décadas de 1980 y 1990, la justicia militar fue utilizada para sustraer de la justicia ordinaria casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otras graves violaciones a los derechos humanos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó cómo numerosos procesos terminaron archivados o sin sanciones efectivas, favoreciendo la impunidad.
Precisamente para evitar que ello volviera a ocurrir, la jurisprudencia nacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron que la jurisdicción militar debe ser excepcional y restrictiva, limitada únicamente a la protección de bienes jurídicos vinculados a la función militar. Los delitos que afectan la vida, la integridad o la libertad de las personas deben ser investigados y juzgados por la justicia ordinaria. Como advierte el abogado Carlos Rivera, el proyecto aprobado por el Congreso busca ampliar de manera indebida el concepto de "delito de función", permitiendo que hechos ocurridos durante estados de emergencia o en intervenciones policiales y militares sean derivados al fuero militar-policial.
La preocupación no es abstracta. Tiene implicancias concretas para casos recientes que hoy reclaman verdad y justicia. Uno de ellos es el caso de los cinco jóvenes de Colcabamba, Huancavelica, quienes fueron acribillados por efectivos militares. Otro es el caso de Erik Cubas Dueñas, adolescente de 17 años hallado muerto en una dependencia policial de Manchay luego de denunciar que estaba siendo torturado. Ambos casos involucran presuntas violaciones graves a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado y requieren investigaciones independientes, imparciales y transparentes.
También están en riesgo las investigaciones por las muertes y graves lesiones ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. Más de cincuenta personas perdieron la vida en intervenciones estatales y centenares resultaron heridas. Las víctimas y sus familias continúan esperando justicia. Lo que corresponde es fortalecer los mecanismos de investigación y rendición de cuentas, no crear vías para sustraer estos casos del control de la justicia ordinaria.
Esta iniciativa no puede analizarse de manera aislada. Se suma a otras decisiones legislativas orientadas a debilitar la lucha contra la impunidad, como las normas sobre prescripción y amnistía para graves violaciones a los derechos humanos. Como ha señalado Carlos Rivera, existe una preocupante tendencia a construir un marco legal destinado a proteger de responsabilidad a agentes estatales involucrados en graves abusos.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos advertimos que esta propuesta vulnera estándares constitucionales e internacionales, afecta el derecho de las víctimas a la justicia y debilita el Estado de derecho. La democracia no se fortalece creando fueros privilegiados ni restringiendo el control judicial. Por el contrario, se fortalece cuando toda persona, sin excepción, responde ante una justicia independiente e imparcial.
La historia reciente del Perú ya nos enseñó que trasladar graves violaciones a los derechos humanos al fuero militar significó impunidad. Repetir ese camino sería un grave error que el país no puede permitirse.
Te puede interesar:
(*) Secretaria General de la CNDDHH