Perú: la normalización del retroceso
La política peruana ha dejado de ser impredecible para volverse peligrosamente predecible. La sucesión acelerada de presidentes en el último año —de Dina Boluarte a José Jerí y luego a José María Balcázar— es el síntoma más visible de un profundo proceso de erosión del Estado de derecho. La crisis ya no se mide en meses de gobierno, sino en derechos perdidos.
Lo preocupante no es solo la inestabilidad, sino lo que se está construyendo en medio de ella. Bajo el argumento de "ordenar" el país, se han aprobado normas que restringen el espacio cívico y debilitan los contrapesos democráticos. La modificación del marco de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional y la aprobación de la Ley N.º 32419 —que concede amnistía a responsables de graves violaciones de derechos humanos— no son decisiones aisladas. Responden a una lógica de reducir la capacidad de vigilancia de la sociedad civil y garantizar impunidad.
La historia reciente del Perú debería haber servido como advertencia, pero parece que ahora cumple una función más decorativa. Tras el conflicto armado interno (1980-2000), el país asumió compromisos internacionales para investigar, juzgar, sancionar y reparar crímenes atroces. Sin embargo, hoy la amnistía contradice estos compromisos y envía un mensaje inequívoco: ciertos crímenes pueden quedar sin castigo si el contexto político lo permite.
A este escenario se suma el debilitamiento de instituciones clave como el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional o la Junta Nacional de Justicia, y los intentos por controlar el Poder judicial y el sistema electoral. Cuando los órganos encargados de controlar el poder pierden independencia, la democracia deja de ser un sistema de reglas y se convierte en un terreno de disputa sin árbitros confiables. La justicia, en ese contexto, deja de ser una garantía.
Las consecuencias, son tangibles. Más de tres años después de las protestas de 2022 y 2023, las víctimas del uso excesivo de la fuerza siguen esperando justicia. Las investigaciones avanzan, sí, pero con una parsimonia casi pedagógica. Y mientras tanto, el patrón se repite con envidiable consistencia: nuevas protestas, nuevas denuncias, y el mismo desenlace de siempre. La impunidad, al fin, también tiene sus tradiciones.
En paralelo, el deterioro de la libertad de expresión evidencia otra dimensión crítica. El asesinato de cuatro periodistas y los cientos de ataques registrados en 2025 no son hechos aislados, sino parte de un clima cada vez más hostil. Cuando informar se vuelve peligroso, la sociedad pierde una de sus principales herramientas de defensa frente al abuso de poder.
El retroceso también alcanza a los derechos de mujeres, niñas y poblaciones en situación de vulnerabilidad. El Estado le da la espalda a la justicia de género y racial. La eliminación del enfoque de género en las políticas públicas, las barreras al acceso al aborto terapéutico y la normalización de discursos que relativizan la violencia sexual configuran un escenario alarmante. Algo similar ocurre con las personas LGBTIQ+, especialmente con normas que institucionalizan la discriminación. No se trata solo de omisiones: son decisiones que debilitan la protección de derechos. Y, como toque final, mientras el Estado se muestra cada vez más diligente para restringir derechos, mantiene una prudente cautela frente al crimen organizado. Cada quien con sus prioridades.
La pregunta de fondo no es quién será el próximo presidente, sino qué tipo de país heredará. Porque si la inestabilidad se normaliza y la pérdida de derechos se vuelve gradual, el riesgo ya no es una crisis pasajera, sino la consolidación de un modelo donde la democracia existe solo en el papel.
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(1) Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú.