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El silencio minero (Comentario al mensaje presidencial del 28 de julio de 2026)

En el discurso de asunción de mando de Keiko Fujimori no hubo una sola palabra sobre la forma en que se abordará el problema minero en el país. La omisión no es menor: el problema minero es probablemente la cuestión que mejor explica la forma de la economía y de la política actual, incluyendo la política exterior del país.


Según las estimaciones del Instituto Peruano de Economía y las investigaciones de Ojo Público, las exportaciones de oro de origen incierto han alcanzado ya o al menos equivalen al valor de las exportaciones de oro de origen formal: alrededor de US$ 12 mil millones anuales. Ojo Público encuentra que entre 2014 y 2023 el Perú registró una producción total de 1.233 miles de toneladas de oro, pero exportó 4.083: siete de cada diez toneladas exportadas carecen de origen cierto.

Ojo Público muestra que las exportaciones peruanas de oro en forma de concentrado -polvo sin refinar, mezclado con otros metales, de contenido prácticamente inverificable en aduana- se multiplicaron por veinticinco desde 2019 y superaron los mil novecientos millones de dólares el último año. El 98 % de esos envíos tiene por destino China. Y, de acuerdo a las investigaciones de  Ojo Público, las aduanas peruanas y chinas muestran un subregistro de estas exportaciones.

La Fiscalía investiga ya una primera red de ocho empresas por exportar a China relaves robados declarados como concentrado de oro.

Reinfo, el registro que concede los derechos con los que trabajan los mineros que desarrollan actividades no reguladas, vence el 31 de diciembre de este año, tras su quinta prórroga, sin que exista todavía un régimen estable de reemplazo. Si algo no ocurre en los siguientes cinco meses, los Reinfo perderán la inmunidad penal que han adquirido y la facultad de comercializar su producción el primer día del 2027, y el discurso de asunción de mando no ha dicho nada al respecto.

La señora Fujimori se ha limitado a presentar un país de economía informal medida por el empleo para volver a una estrategia elaborada hace más de treinta años: flexibilizar las normas laborales para ampliar el registro de trabajadores. El método parece haber funcionado en el sector agroexportador: Allí el régimen laboral creado en el año 2000 -contratación temporal simplificada, remuneración diaria que integraba gratificaciones y CTS, costos no salariales reducidos- explica la ampliación de la PEA registrada en Ica, La Libertad, Lambayeque y Piura; convirtió en los hechos el sector en uno de los pocos generadores masivos de empleo formal asalariado fuera de Lima. Pero la agricultura para la exportación involucra empresas identificables, tierras tituladas, plantas de proceso y contratos de exportación visibles. En la minería no regulada el factor trabajo no se mueve a través de empleadores formales: se mueve a través de cadenas de reclutamiento cuyo problema no está relacionado con temporadas de trabajo y costos laborales, sino con el origen de los capitales de inversión y la falta de controles sobre los procesos productivos, sus impactos ambientales y la forma en que estructuran espacios de habitación y alojamiento.


La cuestión minera explica, además, la forma electoral del país. Jaime de Althaus y Pablo Bustamante han mostrado en Lampadia que el voto por la señora Fujimori se concentró en las regiones influenciadas por la agricultura de exportación -51,91 % en Ica, 57,52 % en La Libertad, 58,85 % en Lambayeque, 56,97 % en Piura, 64,34 % en Tumbes-, mientras el voto por Roberto Sánchez se concentró en las regiones mineras: 66,77 % en Cajamarca, 56,60 % en Áncash, 63,59 % en Arequipa, 72,57 % en Moquegua, 71,37 % en Tacna, 78,15 % en el Cusco, con votaciones especialmente altas en las provincias donde operan Antamina, Las Bambas o Antapaccay.

La República agregó a ese mapa un dato complementario: Sánchez lideró también en las zonas de minería no regulada identificadas por los registros de interdicción. El Comercio documentó reuniones de la cúpula de Juntos por el Perú con la dirigencia de la Confemin. Perú 21 y los propios protagonistas del proceso asignaron a la coalición entre JpP y el etnocacerismo como dispositivo de gestión política y electoral de esas zonas. De hecho, el propio Antauro Humala ha reclamado ser la fuente de un millón de los votos que Sánchez obtuvo en la primera vuelta.

En esos territorios ocupados por la minería no regulada, además de un problema ambiental en la extracción y otro en las condiciones de trabajo, hay un problema por resolver en la gestión de la representación política, que parece controlada por organizaciones de interés que no parecen estar nucleadas en formas propiamente gremiales.

Por el lado de la política exterior, la Cancillería ha sido entregada a Carlos Espá. Su hoja de vida registra una carrera de periodista y comunicador que, además de la conducción de un programa político, Cuarto Poder, incluye quince años en la sección de prensa y cultura de la Embajada de los Estados Unidos en Lima (2008-2023). Ni un día en el servicio diplomático en un momento en que las relaciones internacionales están en una de sus situaciones más complejas. Póngase en relación esa designación a la lista de asistentes a la ceremonia de toma de mando: Washington envió al vicesecretario de Estado con funcionarios de Comercio y del Tesoro; Beijing, un enviado especial de rango sensiblemente menor, el ministro de Ciencia y Tecnología. La señal es clara, y es un problema para el abordaje del principal problema hemisférico: la competencia entre Estados Unidos y China por el control de la exportación de minerales y la infraestructura de este lado del Pacífico. Un canciller formado en la comunicación de una de las dos embajadas en disputa sugiere una respuesta anticipada y no analítica a los problemas que se derivan de la tensión del momento: la definición de la matriz de reservas que administra el Banco Central -la opción entre las reservas en dólares o las reservas en oro físico-, el control sobre la depredación del mar, y la forma de maximizar el rendimiento del puerto de Chancay, desarrollado con infraestructura china.

Ninguno de estos asuntos admite ser tratado como un asunto de comunicaciones.

La señora Fujimori presentó al país como si recibiera el resultado de una depredación, el "estado en abandono" de manos de terceros. Pero su ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, fue presidente del Consejo de Ministros de José Jerí, el gobierno que promulgó la quinta prórroga del Reinfo; y en el Senado su bancada ha entregado un asiento a José Arista, ministro de Economía de la señora Boluarte.

El país que la señora Fujimori dice recibir en ruinas fue administrado, en sus tramos finales, por personas que hoy integran su propio gobierno y su propia bancada.

Es difícil reconstruir el país cuando se ha tomado parte en el proceso que condujo a su demolición.