Perú, la expansión cocalera y la 'narcogobernanza'
El informe final de la Comisión Especial Multipartidaria Devida revela una realidad desoladora en la lucha antidrogas, pues expone cómo el narcotráfico ha mutado, consolidando corredores internacionales, expandiéndose a nuevos territorios y poniendo en jaque la respuesta del Estado. ¿Qué hará el gobierno de Keiko Fujimori?
Hay una expansión cocalera innegable en el Perú debido al incremento de la coca en nuevas zonas que el Estado no ve. En consecuencia, se ha instaurado una ‘narcogobernanza’ alarmante que se presenta como uno de los principales problemas que debe afrontar el gobierno de Keiko Fujimori, que se estrena este lunes 28 de julio.
Según el Informe Final de Gestión 2021-2026 de la Comisión Especial Multipartidaria Devida, en regiones como Loreto y Ucayali, los cultivos de hoja de coca se expanden sin freno. A ello se suma una presencia cada vez más alarmante de actores armados transnacionales como los Comandos de la Frontera (disidencias de las FARC-EP), el Comando Vermelho, de Brasil, y bandas ecuatorianas como Los Lobos, que han tomado el control de cuencas enteras, imponiendo toques de queda, extorsionando a comunidades ribereñas y reclutando jóvenes de manera forzosa.
O sea, imponiendo su gobernanza.
En 2022 el Perú alcanzó un máximo histórico de 95,008 hectáreas de cultivos de hoja de coca. Si bien en 2024 se registró una leve reducción (89,755 hectáreas), la comisión advierte que la magnitud del problema persiste debido a su agresiva expansión territorial.
Regiones que no eran focos tradicionales del narcotráfico reportaron un crecimiento explosivo entre 2020 y 2024. Madre de Dios incrementó sus cultivos en un 2,489 %, Ucayali en 193 %, Amazonas en 177 % y Huánuco en 139 %. De acuerdo con el informe, en la actualidad el 95,5 % de la hoja de coca producida en el país se destina directamente al mercado ilícito.
Las consecuencias han sido mortales para quienes se resisten al narcotráfico. Ucayali se ha convertido en la región más letal del país para los defensores ambientales, pues, once fueron asesinados. De ellos, casi la mitad eran del pueblo indígena Kakataibo.
Las mafias del narcotráfico financian la minería ilegal en ríos como el Nanay y el Putumayo, provocando que el 83% de la población nativa del bajo Putumayo presente niveles tóxicos de mercurio en su organismo.
Legalizando carreteras
Un caso ejemplar que se detalla en el informe de la comisión es el del río Putumayo, corredor en el que hay una hegemonía de los Comandos de la Frontera (CDF), una facción disidente de las FARC colombianas que gobierna mediante "manuales de convivencia", unos panfletos que regulan desde las disputas vecinales hasta los horarios de vida.
Nadie navega por el río antes de las 6 de la mañana ni después de las 6 de la tarde. Según los lugareños, el derecho a transitar se paga con cupos exigidos a cada embarcación comercial. En las comunidades ribereñas se ha implantado un sistema de enrolamiento laboral que a menudo se convierte en un cupo forzoso de reclutas para las filas del grupo armado.
En medio de este escenario de vulnerabilidad, el gobierno central y el Gobierno Regional de Loreto insisten en promover el Proyecto Vial Bellavista-Mazán-Salvador-El Estrecho (Ruta Nacional PE-5N I). La obra, proyectada a lo largo de casi 198.7 kilómetros, demanda una inversión estimada de S/ 1,555 millones.
Sin embargo, detrás del discurso oficial de la conectividad se esconde un diseño financiero cuestionable. Evaluaciones técnicas independientes han concluido que el proyecto tiene una rentabilidad social negativa y los análisis demuestran una realidad cruda: con un presupuesto menor, de S/ 1.458 millones, el Estado podría financiar el cierre integral de las brechas históricas en salud, educación, agua, saneamiento y conectividad bimodal para toda la provincia del Putumayo.
Expertos advierten que, ante la crónica ausencia de comisarías, fiscalías y puestos de control, la carretera propuesta consolidará un corredor que facilitará el flujo de drogas y oro ilegal directamente hacia las fronteras de Brasil, Colombia y Ecuador, incrementando los costos de interdicción de las fuerzas del orden en un 15%.
La Comisión Multisectorial Devida le recomienda al Poder Ejecutivo que antes de licitar o mover una sola máquina en los tramos III y IV de la carretera, debería mejor implementar un saneamiento físico-legal estricto que dote de títulos de propiedad y protección jurídica a las comunidades nativas.
El gobierno, además de pensar en un despliegue de militares y policías en las cuencas afectadas, debería reevaluar alternativas de inversión pública menos costosas, con un diseño que respete el ecosistema amazónico y que no terminen por facilitarles el camino a las mafias.
La agonía de Enaco
Mientras el mercado ilícito prospera, el circuito formal agoniza. La Empresa Nacional de la Coca (Enaco) sufrió una caída del 59,2 % en el acopio de hoja de coca entre 2021 y 2025, a la par que los decomisos policiales se desplomaron un 41,1 %.
El informe describe este fenómeno como un "efecto tijera", esto es, que los productores abandonan el canal estatal atraídos por los altos precios y la falta de fiscalización del narcotráfico, mientras que el retiro de incentivos policiales ha reducido drásticamente la capacidad del Estado para incautar cargamentos ilegales en las carreteras.
En el ámbito operativo, el Estado custodia más de 977 toneladas de insumos químicos incautados en sedes policiales a nivel nacional, principalmente en Ayacucho, Loreto y Junín. Al almacenarse a la intemperie y en infraestructuras precarias, estos químicos corrosivos representan un inminente riesgo para la salud del personal policial y el medio ambiente. Esto, sin tener en cuenta que la existencia de elementos corruptos en el aparato estatal podrían captar estos insumos y redirigirlos a las mafias locales.
Por otro lado, una amenaza emergente sacude los núcleos urbanos: las drogas sintéticas. El decomiso de sustancias como el "éxtasis" (MDMA), el "tusi", la ketamina y el LSD experimentó un asombroso crecimiento del 1,425 % entre 2019 y 2025, concentrándose la mayor parte de las operaciones mayoristas en Lima Metropolitana y el Callao.
Solo en el primer trimestre de 2026, la Dirandro incautó 1´264,263 pastillas conjuntas de éxtasis (MDMA) y tusi (2C-B). En peso, es 80,596 kilogramos.
Las redes de microtráfico comercializan hoy un cóctel artesanal e impredecible compuesto principalmente por ketamina, cafeína y trazas de MDMA, teñido artificialmente para disimular el sabor y simular exclusividad.
Al consumir "polvo rosa", el usuario se expone a efectos impredecibles, ya que depende de lo que "el cocinero" haya mezclado. Esta incertidumbre anula cualquier posibilidad de calcular dosis seguras, aumentando los casos de intoxicación aguda, crisis de ansiedad y fallos cardiorrespiratorios en entornos de consumo, agravados frecuentemente por la interacción con el alcohol.
El fin del Corah
A este complejo panorama se suma una delicada transición estatal. Tras más de cuatro décadas de operaciones, el Proyecto Especial Corah será disuelto para dar paso al nuevo Programa Nacional de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (Precip). Este cambio coincide con el retiro de la financiación directa y fiduciaria de los Estados Unidos, que aportaba cerca de 25 millones de dólares anuales.
La comisión advierte que el recambio generará una ventana de parálisis operativa de aproximadamente seis meses. El pronóstico es aterrador: de no consolidarse urgentemente la nueva estrategia y el presupuesto nacional para el Precip, el espacio cocalero podría dispararse hasta las 144,101 hectáreas en los próximos dos años, exponiendo al país a la descertificación internacional y al bloqueo de exportaciones lícitas.
Frente a la inacción, el informe exige de manera perentoria dotar de recursos sostenibles a las fuerzas del orden, sanear los territorios indígenas y ejecutar una presencia estatal integral que logre recuperar la soberanía de la Amazonía peruana.
La voz de la comisión
Según la excongresista Marleny Portero, quien hasta hace poco presidió la Comisión Multipartidaria Devida, ya no se trata sólo de narcotráfico sino de "organizaciones criminales que disputan el control del territorio, intimidan a las comunidades y desafían a la presencia del Estado".
La congresista enfatizó que no bastan operativos aislados, ya que se necesita una estrategia integral que recupere la autoridad del Estado donde hoy pretende imponerse el crimen, particularmente en zonas como el Nanay, el Putumayo y extensas zonas de Ucayali y Madre de Dios.
"Nuestro informe propone fortalecer la presencia del Estado en las zonas críticas, acelerar la titulación de comunidades nativas, mejorar la protección de los defensores comunales y reforzar la articulación entre las instituciones responsables de combatir el crimen organizado", comentó.
La Comisión Especial Multipartidaria encargada de realizar trabajo en conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida) del Congreso operó como un órgano parlamentario de fiscalización, control político y propuesta legislativa frente al problema del tráfico ilícito de drogas y las economías ilegales.
El gobierno de Keiko Fujimori, que empieza este lunes 28 de julio, tiene un reto enorme. ¿La solución es la adhesión a la iniciativa trumpista del "Escudo de las Américas" o una integral? He allí el problema.