La epidemia de sarampión en la Amazonía peruana: anotaciones desde Madre de Dios
A Carmen Yon, in memoriam.
El Perú afronta una nueva crisis sanitaria con la expansión del sarampión, una enfermedad que está afectando a más de 1500 personas a nivel nacional.1 De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, el país tiene una de las tasas de prevalencia más altas en Las Américas, solamente por debajo de Estados Unidos, México y Guatemala.2 Mientras que el Ministerio de Salud reporta que las regiones con mayor incidencia son Puno, Madre de Dios y Arequipa.1 Si bien es cierto que aún no se ha registrado decesos por esta enfermedad, los riesgos para la salud pública son importantes, ya que sus complicaciones pueden ser mortales. Desde la región de Madre de Dios, comparto estas anotaciones que exponen la determinación social de la transmisión de la enfermedad, así como los desafíos del sistema de salud para enfrentarla.
La transmisión del sarampión obedece determinantes geográficos, económicos y políticos. Los primeros casos fueron identificados en Puno, probablemente se contagiaron en Bolivia y llegaron al Perú a través de las rutas comerciales que comunican a El Alto y Juliaca. Una vez en Puno, los casos se concentraron en epicentros económicos dedicados al comercio (Juliaca) y la minería aurífera (Sandia).3 Y como Juliaca es punto neurálgico de la economía sureña, rápidamente la epidemia se expandió a otra zona extractiva y comercial: Madre de Dios. Entonces, a través de la carretera interoceánica, la epidemia llegó a las zonas mineras de La Pampa. Luego, la transmisión se hizo comunitaria y los niños con sarampión llenaron las salas de emergencia del hospital de Puerto Maldonado. Posteriormente, con el ascenso al poder del segundo fujimorismo, la lucha contra la minería ilegal se intensificó y hubo intervenciones armadas contra los campamentos mineros; captura de cabecillas de organizaciones criminales, y desarticulación de bandas de distribuidores ilegales de combustible. El arresto de los cabecillas desencadenó disputas territoriales en La Pampa, con tiroteos en zonas donde colindan negocios, bares y domicilios. Entonces, frente a la interrupción del suministro de combustible, la disminución de los precios del oro, y el incremento de la violencia armada, cientos de mineros y sus familias decidieron huir de La Pampa y retornar a sus lugares de origen o buscar nuevas oportunidades de trabajo en zonas mineras aún no completamente controladas por el Estado, tales como el río Nanay (Loreto), el río Cenepa (Amazonas), entre otros. Entonces, no es extraño que la expansión del sarampión siga una ruta que forma parte de los circuitos extractivos y comerciales del país.
Por otra parte, la respuesta del sistema de salud probablemente no sea suficiente. No se aprendieron las lecciones del COVID-19. Aún quedan las heridas de la última pandemia, donde el Perú fue el país con la mayor mortalidad a nivel mundial.4 Igualmente, el Perú en el 2025 fue el cuarto país con mayor letalidad por dengue en Las Américas,5 y uno de los más afectados por la tos ferina en América Latina.6 Esta última causó la muerte de más de sesenta niños de comunidades indígenas del Datem del Marañón.7
Los problemas del sistema de salud persisten: fragmentación, falta de financiamiento, trabajadores de salud con formación deficiente y equipamiento insuficiente. A esto se le debe sumar las particularidades la región que influyen sobre la atención médica y el control epidemiológico. En primer lugar, la violencia de los conflictos armados entre organizaciones criminales impide interrumpir la cadena de transmisión. Por ejemplo, los trabajadores de salud que realizaban un cerco epidemiológico en La Pampa tuvieron que huir de la zona al verse envueltos en una balacera. Además, es conocido que el personal de salud de las zonas aledañas a La Pampa corre el riesgo de ser secuestrados o amenazados de muerte. En segundo lugar, las enfermedades transmitidas por vectores (dengue) o animales (leptospirosis) se caracterizan también por fiebre y erupciones cutáneas, tal como el sarampión. Si bien es cierto que cada una presenta características distintas, a veces tienen similitudes que confunden incluso a los médicos entrenados. Por ejemplo, hubo una niña con fiebre, dificultad respiratoria y erupciones cutáneas que era familiar de un caso confirmado de sarampión. Inicialmente se planteó el diagnóstico de caso probable de dengue (fiebre, disminución de plaquetas y dificultad respiratoria), pero los resultados de laboratorio confirmaron posteriormente el diagnóstico de leptospirosis y descartaron sarampión y dengue. Por otro lado, también hay una confusión entre sarampión y urticaria alérgica, ya que se piensa que los niños con fiebre presentan erupciones cutáneas luego de recibir medicamentos antipiréticos o antibióticos. Estas incertidumbres pueden sorprender a médicos jóvenes o experimentados. Sin embargo, cabe anotar que un buen número de profesionales de la salud que atienden en Madre de Dios son recién egresados de las universidades y forman parte del servicio rural y urbano marginal en salud (SERUMS) cuya distribución concentra a los de mejores calificaciones en áreas cercanas a Lima y ciudades grandes y a los de calificaciones bajas en zonas rurales andinas y la Amazonía. Asimismo, cabe anotar que los profesionales de la salud son insuficientes en Madre de Dios. Por ejemplo, en la posta más cercana a La Pampa, solamente seis médicos —la mayoría serumistas— deben resolver los problemas de salud de una población de más de veinte mil habitantes. En tercer lugar, la población infantil de Madre de Dios presenta importantes vulnerabilidades que afectan el curso de la enfermedad. Por ejemplo, el estado de inmunización de los niños dista mucho de los reportes gubernamentales: un porcentaje importante de pacientes que proviene de La Pampa o de comunidades indígenas no están vacunados. Las madres argumentan que las vacunas causan fiebre o que las postas nunca atienden. Asimismo, no es extraño escuchar que algunos trabajadores de salud inventan datos de los programas de vacunación para cumplir con las metas impuestas por el Ministerio de Salud. Y esto puede deberse a que no se sabe con exactitud cuántas personas viven en La Pampa, ya que hay un flujo constante de trabajadores temporales y la violencia armada impide censar estas poblaciones. Por otra parte, Madre de Dios es una de las regiones con mayor prevalencia de anemia infantil,8 y está largamente demostrado que esta condición es un factor de riesgo de morbilidad y mortalidad por enfermedades infecciosas. Asimismo, la anemia, la desnutrición y la exposición al mercurio —producto de la minería aurífera— tienen un efecto sinérgico y disminuyen significativamente la inmunidad de los niños, incluso en los vacunados.9 Y esta situación afecta mucho más a las comunidades indígenas: al hospital de Puerto Maldonado llegan niños de comunidades matsigenka, harakbut, yine o ese eja con niveles severos de desnutrición, con marasmo o kwashiorkor y que son susceptibles a enfermar y morir por sarampión.
Finalmente, las políticas sanitarias nacionales no pueden desligarse de las dinámicas geopolíticas globales. Actualmente, América Latina está bajo una nueva expansión colonial de Estados Unidos que —frente a las tensiones contra China y tras su fracaso en Irán— apoya a los nuevos gobiernos de ultraderecha que están tomando el poder en la región. Estos gobiernos tienen en común que recortan el presupuesto del sector salud, no participan en los organismos multilaterales sanitarios, y pueden tener una posición negacionista con las vacunas. Por ejemplo, la semana pasada, Donald Trump firmó un decreto ejecutivo que redujo el esquema de vacunaciones de dieciocho a solamente once.10 Esta medida no solamente vulnera la salud de la población de Estados Unidos, sino que los gobiernos de derecha de América Latina podrían adoptar este modelo y poner en riesgo la vida de millones de niños. En el Perú, no solamente se corren estos riesgos, sino que la clase política muestra una frivolidad tal que prioriza el espectáculo a las acciones concretas para la prevención de las epidemias. Y tal vez un detalle que no debe dejarse de lado es que, durante la dictadura de Alberto Fujimori, padre de la actual mandataria, poco interés tuvo el control de la epidemia de cólera de 1991.11
La economía de millares de familias trabajadoras del Perú se mantiene a flote gracias a las actividades extractivas informales en la Amazonía. Sin embargo, estas dinámicas generan circuitos geográficos donde se transmite la epidemia, mientras que las condiciones de vida y salud de estas familias aumentan el riesgo de mayor contagio y muerte por sarampión. Las respuestas del Ministerio de Salud son insuficientes, los problemas del sistema de salud persisten a pesar de la tragedia del COVID-19. No obstante, controlar la epidemia es posible si el acceso a la salud y la calidad de la atención en la Amazonía mejoran. Los profesionales de la salud y las postas no deben estar solamente concentradas en las grandes ciudades, se debe disminuir la brecha de profesionales de la salud en zonas rurales. No obstante, para ello es necesario garantizar las condiciones dignas de trabajo y seguridad para quienes llegan a las zonas alejadas de la Amazonía. Asimismo, la distribución debería ser a la inversa de lo vigente: los profesionales mejor entrenados deberían ir a las zonas más alejadas. Por otra parte, las inmunizaciones tienen que ser prioridad en salud pública. La cobertura de vacunación debe estar enfocada en estimaciones poblacionales deben ser más exactas y basadas en la realidad local. La formación de brigadas de salud que realicen barridos de vacunación casa por casa sería la tarea idónea, pero la violencia en las zonas mineras lo imposibilita. Además, ya es tiempo que el país vuelva a fabricar sus propias vacunas. Hubo un tiempo en que el Perú creaba sus vacunas que incluso se exportaban para controlar la viruela en Brasil, India, Pakistán y otros países.12
Entonces, la lucha contra el sarampión no es solamente un asunto técnico, sino político. El Estado debe tomar las decisiones políticas necesarias para controlar la epidemia y preservar la vida y salud de la población del país; sin embargo, las dudas aparecen al recordar que este gobierno es herencia de una dictadura y una oligarquía que violaron sistemáticamente los derechos humanos y poca importancia le prestaron a las últimas epidemias que asolaron la población peruana.